En el corazón de la capital tlaxcalteca, donde la historia colonial se entreteje en cada piedra, el Gobierno del Estado ha convertido espacios patrimoniales en escenarios de circo y competencias deportivas. La instalación de una carpa circense en el ruedo de la Plaza de Toros Jorge «El Ranchero» Aguilar, justificada como parte de las celebraciones por los 500 años de la fundación de la ciudad, ha desatado una ola de indignación entre habitantes y visitantes.
Esta estructura temporal no solo invade y daña un inmueble destinado a la fiesta brava, que tiene sus orígenes en el siglo XVI, sino que representa la cúspide de una serie de abusos recurrentes contra el patrimonio cultural, impulsados por el Gobierno del Estado, avalados por el Ayuntamiento de Tlaxcala y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La Plaza de Toros, conocida como la «Tacita de Plata» por su valor arquitectónico e histórico, forma parte integral de la Zona de Monumentos Históricos de Tlaxcala, declarada por decreto presidencial en 1986, que abarca más de 100 edificios protegidos en múltiples manzanas urbanas. Sin embargo, la instalación de una carpa de circo ignora las normativas que prohíben alteraciones en sitios de valor histórico.
Críticas en redes sociales y medios locales la describen como un «tumor» en un espacio histórico, cuestionando el gasto público y las prioridades de un estado donde la inseguridad es el pan de todos los días.
Esta es una anomalía que no se puede cubrir con unas lonas. En los últimos años, la Plaza de la Constitución, también protegida como zona patrimonial, ha sido escenario de invasiones similares. En años recientes, el Gobierno del Estado ha organizado eventos mundiales de voleibol de playa y se han instalado canchas y estructuras metálicas sobre la plancha del zócalo; también se han colocado pistas de hielo temporales, junto con eventos artísticos masivos, que convirtieron el piso histórico en un improvisado anfiteatro deportivo. Estos «éxitos» promocionados por el Ejecutivo del Estado han alterado la vida cotidiana de los tlaxcaltecas: el tráfico colapsa, el ruido invade día y noche, y ya existe un alarmante daño en inmuebles históricos.
La inconformidad de los habitantes de la ciudad es una exigencia para detener estas prácticas. Lo alarmante no es solo el desorden visual o logístico, sino la flagrante violación al marco legal nacional e internacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, fracción XV, protege el patrimonio cultural como bien de la nación, inalienable e imprescriptible. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (1972), y su Reglamento, prohíben explícitamente cualquier uso que altere, dañe o ponga en riesgo estos sitios, exigiendo autorizaciones previas justificadas del INAH para cualquier intervención.
Complementan esta protección la Ley General de Cultura (2015) y la Ley Federal para la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2019), que salvaguardan el legado indígena de Tlaxcala. El decreto presidencial de 1986 declara el centro histórico de la ciudad como Zona de Monumentos Históricos, extendiendo la tutela a plazas como la de la Constitución y la de Toros.
Pero el golpe más grave proviene de la UNESCO: en 2021, el Ex Convento de San Francisco –incluyendo su templo, capillas, museo, atrios y entornos como la Plaza de Toros– fue incorporado al Patrimonio Mundial como parte de los Primeros Conventos del Siglo XVI alrededor del volcán Popocatépetl. Las Convenciones de la UNESCO (1972 y 2003) imponen obligaciones internacionales: las naciones deben evitar «cualquier acción que cause destrucción o daño» a estos bienes, con mecanismos de monitoreo y sanciones que incluyen la remoción de la lista patrimonial. Ahora el riesgo es mayor.
Aun así, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ha ignorado estas disposiciones. El Ayuntamiento de Tlaxcala, responsable de la gestión urbana, y el INAH, custodio federal del patrimonio, han sido cómplices pasivos: no hay evidencia pública de evaluaciones de impacto ni permisos transparentes para la carpa o las instalaciones deportivas previas. Esta negligencia recurrente pone en jaque la conservación del patrimonio: el peso de estructuras temporales como carpas o canchas genera microfisuras en pavimentos coloniales, acelera la afectación de inmuebles y contamina con residuos plásticos y químicos, como se vio en ediciones pasadas de voleibol de playa. Para los habitantes, el impacto es inmediato: el cierre de accesos altera sus rutinas diarias, y el auge de multitudes incrementa la inseguridad en un centro histórico ya vulnerable.
Las sanciones legales son claras y disuasorias, y todos deben conocerlas. La Ley Federal sobre Monumentos prevé multas de hasta 5,000 días de salario mínimo (alrededor de 1.5 millones de pesos) por daños intencionales, además de la clausura inmediata de actividades y responsabilidad penal por delito federal si se prueba dolo.
Internacionalmente, la UNESCO puede declarar incumplimiento, activando revisiones que amenazan la declaratoria, sin embargo, la impunidad reina: ni la representación del INAH en Tlaxcala ni la Fiscalía General de la República se han pronunciado al respecto, pese a tratarse de delitos federales, ni han iniciado procedimientos, a pesar de las denuncias ciudadanas.
Grave, verdad.
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