A unos días de que fenezca el cuarto año de gobierno de la actual administración, aún sigue pendiente el combate a la corrupción, un asunto que al parecer sólo se utilizó en las campañas electorales del 2021 para llamar la atención y captar votos de los tlaxcaltecas, porque en los hechos no ha pasado nada.
De poco o nada ha servido que los ciudadanos y las ciudadanas hayan visto la desaparición de la Contraloría del estado para dar paso a la Secretaría de la Función Pública, dependencia que ahora se convertirá en la pomposa Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual también absorberá las facultades y obligación del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP).
El gobierno morenista en complicidad con los legisladores locales tendrá el derecho de cambiar el nombre a una dependencia cuantas veces quiera, pero lo anterior no quiere decir que se está combatiendo la corrupción o castigando a los pésimos servidores públicos que pueden ser señalados de incurrir en malas prácticas, porque en los hecho lo anterior no está pasando.
Con el paso de los días, meses y años ya lo comprobamos. Dígame qué ex funcionario de la administración pasada ha enfrentado la ley por sus presuntas transas y anomalías que fueron denunciadas y exhibidas por las actuales autoridades durante la campaña a la gubernatura de Tlaxcala del 2021.
Dónde están los funcionarios menistas abusivos que permitieron la quiebra de Pensiones Civiles, o dónde andan los mandos de la Secretaría de Seguridad que comprobaron programas de cómputo que nunca funcionaron ni se instalaron y por los cuales se pagaron casi 10 millones de pesos, o por qué se decidió no aplicar la ley a los que se llevaron el equipo de lavado y secado de la mencionada dependencia, o qué pasó con las graves anomalías detectadas en la Secretaría de Salud y en otras áreas de la administración estatal.
Para nadie fue un secreto que la priista Eréndira Cova Brindis que fue designada la primera titular de la Secretaría de la Función Pública se habría dedicado a proteger a los ex funcionarios priistas y a simular que estaba integrando los expedientes para proceder contra ellos, cuando en realidad se les otorgaba todas las facilidades para justificar sus presuntos malos manejos financieros.
Luego, asumió el control de esa dependencia María Isabel Maldonado Textle, ex auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, sin embargo la tendencia no cambió y ni se percibió alguna señal diferente en esa dependencia que modificó su nombre, tal y como ahora lo hará, pues la protección que se extendió a los ex funcionarios menistas ahora se ha hecho extensiva a los lorenistas que, pese a ser señalados de incurrir en actos de corrupción, acoso y otras cosas, no enfrentan la ley o el despido.
Ahí está el reciente y escandaloso caso del director del Cereso de Tlaxcala del que nadie sabía más que los internos del penal y que para mala suerte del gobierno lorenista uno se atrevió a denunciar a través de las redes sociales. También se encuentran las quejas de corrupción contra la Coeprist, la Coordinación de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala y la Oficialía Mayor de Gobierno, sólo por mencionar algunas áreas de la administración estatal.
Seguramente la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será una dependencia de ornato como lo es el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, donde abundan los parásitos que cobran y no hacen nada para combatir el flagelo de la corrupción.
Imagínese cómo andarán las cosas que se habla que el órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo de Tlaxcala” que asumirá las funciones con autonomía funcional limitada de acceso a la información pública y la protección de datos personales, porque jerárquicamente estará subordinado a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, podría quedar en manos el torpe e ineficiente ex consejero electoral, Norberto Sánchez Briones, un burócrata que siempre lo han corrido de las dependencias a donde ha llegado a laborar.
Llegó a la Dirección de Gobernación de la Secretaría de Gobierno y lo echaron, después fue designado titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado y también fue despedido.
De confirmarse su designación en el órgano antes mencionado, es muy probable que pasados unos meses se opte por darle las gracias ante sus constantes torpezas que suele cometer.
Y aunque el gobierno lorenista presuma que hay cero tolerancia a la corrupción en Tlaxcala, valdría la pena que los funcionarios estatales dejen su zona de confort y se den un baño de pueblo para que comprueben qué piensan los ciudadanos y las ciudadanas de ese tema y sobre todo que pregunten qué tan corrupta ven a la actual administración, respuestas que estoy seguro no creerán y descalificarán con el argumento de que están equivocados.
Se acerca el proceso electoral y veremos cuántos señalamientos y acusaciones de corrupción y transas se hacen y se dan a conocer.
Al tiempo.
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