La penúltima etapa del proceso para designar a los aspirantes a notarios públicos se realizó ayer con la presentación de un examen escrito, cuyos resultados resultarán claves y determinantes para determinar qué abogadas y abogados podrán subirse al tren de los últimos premios que otorgará el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.
De entrada, puede borrar de la lista de aspirantes a la poderosa titular de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, Ernestina Carro Roldán, quien no se presentó al auditorio del C3 donde se llevó a cabo la prueba que estuvo bajo la rigurosa supervisión del personal de la Dirección de Notarías y Registro Públicos del Estado de Tlaxcala y de la consultora “Evaluare Expertos en Políticas Públicas S. A de C.V.
Al examen llegaron cerca de 15 personas, mismas que pasaron lista, se identificaron y procedieron a dejar sus teléfonos celulares, tabletas o cualquier dispositivo electrónico. La evaluación escrita pondrá a prueba los conocimientos y la capacidad de los juristas que para poder recibir su constancia de aprobados y formar parte de la lista de los que podrán ser designados lorenotarios, para lo cual es indispensable que obtengan 80 puntos.
Los que logren tal puntaje aparecerán en la lista de aspirantes a fedatarios públicos que reconocerá la Dirección de Notarías y Registro Públicos del Estado de Tlaxcala a cargo de la aún directora Dora Delia Hernández Roldán, la cual se publicará en el Periódico Oficial del Estado, proceso que deberá hacer antes de que finalice el presente mes.
A la prueba final se vio llegar a Max Hernández Pulido, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y responsable del C5i, al ex consejero Jurídico del gobierno de Tlaxcala y hoy miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Miguel Sánchez Ramírez, al procurador de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, Iván García Juárez, al Consejero Jurídico de la actual administración, Rubén Terán Águila y al ex Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, el morelense Noé Hernández Rojas.
Aunque también hubo mujeres lo cierto es que éstas no pudieron ser identificadas. Se habla que fue la hija de Rogelio Conde, un conocido gestor entre los notarios tlaxcaltecas. Las demás guardaron muy bien su personalidad, pero será cuestión de unos días para que se conozcan sus nombres.
Una vez que se sepan los resultados se sabrá cuántos aspirantes lograron obtener su constancia y quiénes de ellos se perfilan para recibir quizá el último premio que entregará la administración lorenista.
Se valen las apuestas.
Se conocerá o no la verdad
Una vez que la Secretaría de Seguridad Ciudadana decidió separar de su cargo al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, por las graves acusaciones que hizo un interno del penal, implícitamente reconoció que parte de los señalamientos son reales, por lo que ahora corresponderá a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) proceder en consecuencia.
Ojalá el caso se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque si el gobierno lorenista opta por el silencio y apuesta a que con el paso de los días y las semanas el asunto quede olvidado, le puede salir contraproducente porque ya se generó temor y expectativas entre los tlaxcaltecas que estarán muy pendientes del actuar de las autoridades ante estas graves acusaciones.
El caso no es menor y créame que es urgente que el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, dé la cara y explique la situación que guardan las cárceles de la entidad y las personas que están recluidas en ellas.
El escándalo no está siendo dimensionado por el gobierno de Lorena Cuéllar, de ahí que puede usted estar seguro que será un factor que influirá determinantemente en la desaprobación de la actual administración, tal y como pasó con el caso de las lujosas camionetas blindadas.
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