Tal y como se sabía, inició el proceso de aprobación de cuentas públicas y aunque parezca increíble la mayoría de todos los presuntos quebrantos financieros detectados por el Órgano de Fiscalización Superior y abordados ayer por los legisladores tlaxcaltecas fueron solventados, como si las transas de los funcionarios estatales sólo existieran en la mentalidad de los que no quieren a Tlaxcala y de los reporteros que sólo escriben cosas negativas de los impolutos servidores públicos.
Ayer los diputados y las diputadas locales dictaminaron 26 cuentas públicas de igual número de entes fiscalizables que sumaban de manera conjunta un daño patrimonial superior a los 37 millones de pesos, pero como vivimos en tiempo de la honestidad y la austeridad franciscana que tanto presume Morena, las dependencias lorenistas justificaron la mayoría de esos fondos y se procedió a avalar sus estados financieros.
La única cuenta pública que fue reprobada fue la del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) que registró un quebranto estimado es casi 1.5 millones de pesos que son responsabilidad de Blas Marvin Mora Olvera, ex director general de esa institución educativa que como premio por sus transas y desorden administrativo fue designado en febrero pasado como titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte).
El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco será de los pocos entes y dependencias del gobierno estatal que enfrentará la negativa de los legisladores tlaxcaltecas para avalar sus estados financieros, pues es obvio que la intención es ocultar las anomalías financieras y simular que en la actual administración estatal es casi nula o inexistente la corrupción, lo cual es muy difícil de creer y más de sostener.
Sólo para tener una referencia de lo anterior, el monto de los daños patrimoniales de las dependencias y organismos autónomos de Tlaxcala es limitado, pero éste no se compara con los mil millones de pesos que en tres años ha detectado la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y que están plenamente observados y acreditados.
Lo que resulta extraño, es que las cuentas públicas de las dependencias estatales y organismos serán avalados sin problemas, pero no correrán la misma suerte los estados financieros de 35 o 38 administraciones municipales que, según lo declaró por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, Bladimir Zainos Flores, serán reprobados al no alcanzar el puntaje mínimo establecido para obtener una dictaminación en sentido positivo.
Pronto sabremos cuáles son esos ayuntamientos y los nombres de los presidentes municipales involucrados.
Y no descarte que surjan quejas y una que otra inconformidad por el proceso de fiscalización que para las administraciones municipales es muy severo si se compara con los criterios laxos que se aplican a las dependencias estatales.
En la sesión de ayer, los legisladores tlaxcaltecas también aprobaron la repartición de los recursos excedentes del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, noticia que cayó muy bien en el Poder Judicial de Tlaxcala, ya que los casi 11 millones de pesos que recibirá se podrían canalizar al pago de las liquidaciones del personal que dejará de laborar el 31 de agosto, pues en septiembre deberán asumir sus cargos los nuevos jueces y magistrados que resultaron electos en los pasados comicios extraordinarios.
Hasta ahora no se sabe si el recurso del ajuste trimestral será suficiente, porque si bien se aprobó la reforma al Poder Judicial de la entidad, la realidad es que nadie pensó en los fondos económicos que se van a requerir para poner en marcha el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, sólo por citar dos ejemplos.
Y lo peor es que los diputados y las diputadas no dan señales de querer aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que es urgente.
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