Las prioridades y necesidades del gobierno son muy diferentes a las del pueblo, ya que éste observa cómo las autoridades sólo intervienen cuando le conviene, pero cuando no es así olvida los asuntos relevantes o los ignora.
Por ejemplo, en cuestión de días la administración lorenista armó una novela para mostrar preocupación ante las amenazas escolares registradas en algunas escuelas estatales, donde se anunciaba probables ataques, sin que se precisará sí serían contra los estudiantes o los maestros.
Los funcionarios lorenistas sostuvieron reuniones urgentes y determinaron aprobar un Protocolo de Revisión de Útiles Escolares, una medida que llega tarde y que se puso en marcha más por la presión de las autoridades federales que por iniciativa propia.
Hay que recordar que en Tlaxcala ya se tenían antecedentes de violencia escolar como el reportado en septiembre del 2025 en un plantel del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala. En esa ocasión una alumna agredió a un estudiante con un arma punzocortante.
Resulta que después de aprobar el mentado protocolo, las autoridades educativas tendrán que crear un Comité de Revisión y obtener por escrito miles de consentimientos firmados por los padres de familia, quienes de esa forma autorizan la revisión aleatoria de las mochilas, proceso que se dice de manera voluntaria y respetuosa.
El objetivo, según el sesudo protocolo, es clasificar a algunas “mochilas de riesgo”, es decir, si en la revisión se encuentran armas (reales o de juguetes, drogas, explosivos, alcohol o solventes), lo cual derivará en el resguardo inmediato de la maleta y solicitar inmediatamente la intervención de las autoridades coadyuvantes.
Y para seguir con la novela, ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado informó a través de un comunicado de prensa que llevó a cabo varias diligencias en las escuelas donde se presentaron mensajes amenazantes para tratar de ubicar y sancionar a los presuntos responsables.
Para vender la idea de que están trabajando y atendiendo esas “graves” amenazas como parte de la integración de cuatro carpetas de investigación, el personal llevó a cabo minuciosas diligencias en instituciones educativas ubicadas en municipios de Apizaco, Calpulalpan y Huamantla.
Ese profesional trabajo estuvo a cargo del personal de la Policía de Investigación y de peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), quienes efectuaron inspecciones en las áreas señaladas, particularmente en sanitarios, así como el levantamiento de indicios, la fijación del lugar, la recolección de huellas dactilares y el registro audiovisual de las intervenciones. También, se recabaron entrevistas con autoridades escolares, a fin de fortalecer las líneas de investigación.
Ojalá esa muestra de poder y de gran interés por encarcelar a los bromistas estudiantiles por el personal y equipo empleado de la Fiscalía se hiciera evidente para resolver los verdaderos crímenes que se han registrado en los últimos días y de los cuales no se sabe nada.
La semana pasada le contaba de un secuestro express y la mutilación de un dedo de un ciudadano en Apizaco y del atraco violento que perpetró un comando armado en Terrenate para robar ganado.
Ayer mismo, en los límites territoriales entre Xaltocan y San Lucas Tecopilco se localizó dos personas ejecutadas, mismas que presentaban impactos de bala a la altura de la cabeza.
Me parece que este caso y los antes mencionados deberían ser prioritarios y acaparar la atención de la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque de acuerdo con la versión de las autoridades educativas que encabeza Homero Meneses Hernández, no hay indicios serios de que en Tlaxcala se vaya a registrar una tragedia como ha ocurrido en otros estado del país.
Las autoridades educativas y de la policía estatal saben perfectamente en qué escuelas tlaxcaltecas circula droga, en dónde se consume alcohol y en qué otras existen estudiantes problemáticos, de ahí que deberían optar por dejar de montar teatros y ocupar los recursos de la Fiscalía en dónde realmente se requieren para atrapar a los verdaderos criminales que operan impunemente en el estado.
O no.
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