Steve del Razo, nuevo titular de la Coeprist. “No es necesario que tenga experiencia en la materia”, dice el vocero del gobierno.
La justificación de la incompetencia: un síntoma más del deterioro del servicio público en Tlaxcala
El día de ayer, el coordinador de comunicación social del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, ofreció una explicación que resume con crudeza una práctica que lleva décadas enquistada en la administración pública mexicana, pretendiendo tratar a los medios de comunicación locales como “tontos” y justificando la incompetencia de los servidores públicos.
Y peor aún, con esas declaraciones, el tal Marvel ofende la inteligencia del pueblo tlaxcalteca que ha luchado por décadas para educarse y prepararse, con grandes generaciones de maestros que están trabajando con orgullo y eficiencia en todos los rincones de México y de profesionales egresados de instituciones de educación superior, también laborando destacadamente por cuenta propia o en la iniciativa privada
Al ser cuestionado sobre el nombramiento de Steve del Razo como nuevo titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), un organismo encargado de vigilar la calidad del agua, la seguridad de medicamentos, el manejo de residuos peligrosos y la prevención de riesgos sanitarios, el vocero respondió sin titubear: “No es necesario que tenga experiencia en la materia”.
En su burdo y absurdo intento de defender la designación, Martínez Velázquez añadió que “la experiencia se gana en el servicio”, que en Coeprist existe “un equipo técnico muy solvente” y que el nuevo titular fue elegido por razones políticas, no técnicas, pues su función sería “gestionar otro tipo de situaciones”. ¿Otras? ¿Cuáles?
Remató con una frase que desnuda la concepción subyacente: “La certificación de pozos no la hace el titular, sino el equipo que tiene”.
Con estas palabras, el vocero oficial no solo justificó un nombramiento por demás polémico; trazó, casi sin quererlo, el retrato de una visión profundamente dañina para el Estado mexicano.
Si el director de una autoridad sanitaria no necesita comprender los riesgos que regula, ni los criterios científicos que sustentan sus decisiones, ni los procedimientos que autoriza, entonces el cargo se reduce a una figura protocolaria inútil y políticamente útil.
El mensaje es claro: la cabeza de la institución puede ser intercambiable, siempre y cuando exista alguien más abajo que sepa qué hacer. Será solamente una firma cheques y oficios.
Esta lógica tan dañina y tan extendida en Tlaxcala como en muchas otras entidades ha contribuido de manera decisiva al progresivo deterioro del servicio público y a incrementar la desconfianza de los ciudadanos hacia su gobierno.
Martínez Velázquez, al normalizar la selección de funcionarios por afinidad política en lugar de por competencia técnica, envía un mensaje demoledor a las nuevas generaciones de profesionistas: el mérito importa poco, los contactos lo son todo, la “grilla” supera a la preparación. Recordamos muy bien aquello de “90 por ciento de lealtad, 10 por ciento de capacidad”.
Los mejores especialistas en salud pública, ingeniería sanitaria, toxicología o regulación de alimentos terminan optando por el sector privado, la academia o incluso la migración, dejando al aparato estatal en manos de “operadores políticos muy leales con el movimiento” que, en el mejor de los casos, se limitan a transmitir instrucciones y, en el peor, a obstaculizar las decisiones técnicas cuando estas incomodan intereses de mayor peso.
El resultado es previsible: instituciones frágiles, respuestas tardías ante emergencias sanitarias, vigilancia deficiente de riesgos reales y, sobre todo, una ciudadanía que percibe, con mucha razón, que su salud y su seguridad dependen más de cuotas partidistas que de capacidades institucionales.
Cuando el propio gobierno admite que la preparación técnica “no es necesaria” para dirigir una dependencia como Coeprist, no está defendiendo un nombramiento común; está legitimando un modelo que convierte el servicio público en botín político que, año tras año, ha erosionado la confianza y la eficacia en el gobierno de Lorena Cuéllar.
Lo que el señor vocero está formalizando, al igual que aquello de que todos los servidores públicos del gobierno estatal tienen autorización para embriagarse en horas de trabajo, es la incapacidad y la apertura de espacios para la corrupción: la ineptitud de un funcionario puede ser una forma de corrupción, especialmente si no tiene la capacidad para realizar sus funciones, sin importar su honestidad.
Mientras los ciudadanos queremos un balance claro entre honestidad y capacidad en los servidores públicos a los que les pagamos en Tlaxcala, la política de la gobernadora Lorena Cuéllar —que su vocero defiende con argumentos estúpidos— es priorizar la lealtad sobre la preparación, lo que lleva invariablemente a nombrar a gente “incapaz”, como en el caso de Del Razo.
Mientras prevalezca esta retórica que asemeja la dirección técnica con un puesto de enlace político y “operador político”, Tlaxcala seguirá pagando el precio de instituciones que, en papel, existen para protegernos, pero que en la realidad sirven con demasiada frecuencia para todo menos para eso.
Lorena Cuéllar ha llegado demasiado lejos con su pésimo desempeño como gobernadora y su vocero, arrogante y abusivo con la inteligencia de los medios locales, debería ser regresado a los chiqueros como toro descastado.
“Don” Antonio Martínez, no trate al pueblo de Tlaxcala como analfabeto, piense antes de hablar (ciertamente una tarea difícil para usted), pero si tiene en su desempeño algún momento de lucidez, quizá pueda lograr hacer un mejor papel.
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